Lo que, impropiamente, llamamos poder judicial, como algo diferenciado del poder real, no existió en España hasta que la Constitución de 1812 introdujo el principio doctrinal de la separación de poderes. Se pretendió la autonomía y responsabilidad de los jueces respecto al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, se trataba de instaurar el principio de igualdad ante la ley, vinculado al sistema liberal y basado en la soberanía popular, por lo que sancionó la unidad de fueros, aunque tardaría décadas en llevarse a la práctica. Además, estableció a grandes rasgos la organización judicial del sistema liberal: una jerarquía de jueces. En mayor o menor medida, los magistrados tenían que ser fieles al gobierno que los nombraba. El juez cesante, que esperaba volver ser rehabilitado cuando cambiase el gobierno, fue demasiado frecuente.
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